València pide a la Generalitat veto vecinal para todo alojamiento turístico

El Ayuntamiento de València quiere que la última palabra sobre los alojamientos turísticos en bloques de viviendas la tengan las comunidades de propietarios. La junta de gobierno ha aprobado una moción para reclamar a la Generalitat Valenciana que no inscriba en su registro autonómico ningún alojamiento turístico situado en un edificio residencial cuando los vecinos hayan prohibido esa actividad, según informó el consistorio.

La iniciativa, impulsada por el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se aprobó en la junta de gobierno del jueves y se dirige a la Conselleria de Turismo. La idea es sencilla: que antes de dar de alta un alojamiento en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, la administración autonómica exija al solicitante una declaración de que ni el título constitutivo del edificio —la escritura que fija el destino de pisos y locales—, ni los estatutos de la comunidad, ni ningún acuerdo posterior vetan ese uso.

No solo los pisos turísticos

El punto diferencial de la propuesta es su alcance. No se limita a las viviendas de uso turístico (VUT), la modalidad más conocida y la que más conflictos ha generado en barrios como los del centro o los marítimos. La petición municipal abarca todas las modalidades de alojamiento turístico implantadas en edificios residenciales: establecimientos hoteleros, conjuntos de apartamentos turísticos y albergues incluidos.

La lógica que explica el Ayuntamiento es evitar que la prohibición vecinal se esquive cambiando la categoría con la que se tramita el expediente. Si una comunidad ha vetado la actividad turística en su edificio, ese veto debería valer con independencia de la etiqueta administrativa bajo la que se presente el negocio. El objetivo declarado es «reforzar el control vecinal sobre la implantación de estas actividades en los edificios de viviendas».

«Con esta moción buscamos que los vecinos tengan la última palabra para permitir estas actividades en sus edificios, con independencia de la tipología de alojamiento. Por eso proponemos ampliar su capacidad de veto más allá de las viviendas turísticas», señaló Giner. El concejal defendió que la prioridad del equipo de gobierno es «proteger el uso residencial de las viviendas y que sean los propios vecinos quienes establezcan las condiciones para la convivencia».

Una pieza más del puzle urbanístico

La moción no llega aislada. Se suma a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) referida a los usos terciarios de alojamiento turístico, que el Ayuntamiento aprobó en mayo después de dos años de moratoria en la concesión de licencias turísticas en la ciudad. Aquella modificación actúa sobre el plano urbanístico: dónde puede implantarse y dónde no un alojamiento turístico.

Lo que persigue ahora el gobierno municipal es que el filtro autonómico —el registro de Turismo— funcione en la misma dirección que el filtro urbanístico municipal. Es decir, que un alojamiento que no cumple las condiciones fijadas por la comunidad de propietarios tampoco pueda darse de alta formalmente ante la Generalitat, cerrando así la vía de la inscripción administrativa cuando el bloque ha dicho que no.

Conviene recordar que se trata de una petición, no de una norma. La competencia sobre el registro autonómico es de la Conselleria de Turismo, de modo que el efecto práctico de la moción dependerá de que el Consell asuma o no el cambio en el procedimiento de inscripción. El Ayuntamiento, por su parte, sigue moviéndose en el terreno de las licencias y el planeamiento, donde ya ha endurecido las condiciones en los últimos años.

Para los vecinos de los barrios con más presión turística, la propuesta supondría un refuerzo de una herramienta que ya existe en la legislación de propiedad horizontal —la posibilidad de que la comunidad limite estas actividades— pero que hasta ahora no siempre se verificaba antes de la inscripción. Si prospera, la declaración responsable sobre los estatutos y los acuerdos de la comunidad pasaría a ser un trámite obligatorio en la puerta de entrada al registro.

Información elaborada a partir de la publicada por Valencia Plaza con datos facilitados por el Ayuntamiento de València.