Más de 50 diputados y altos cargos valencianos declaran entre tres y ocho viviendas

Mientras la crisis de la vivienda se ha convertido en el principal asunto de la agenda política, cabe preguntarse qué patrimonio inmobiliario declaran quienes legislan y gobiernan sobre ella. Un análisis publicado por elDiario.es a partir de los portales de Transparencia de la Generalitat Valenciana y de Les Corts concluye que más de medio centenar de diputados y altos cargos valencianos declaran entre tres y ocho viviendas en propiedad.

La cifra se reparte entre los dos ámbitos: alrededor de 30 de los 154 miembros del Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca analizados y en torno a 20 diputados de la Cámara valenciana. En ambos casos supone aproximadamente uno de cada cinco.

Qué dicen las declaraciones de Les Corts

El grupo de parlamentarios con tres o más inmuebles es transversal, aunque con mayoría del PP: doce de los veinte casos, el 60%. Compromís y Vox suman tres cada uno y el PSPV, dos. La proporción debe leerse teniendo en cuenta el tamaño de cada grupo en la Cámara, donde los populares son el más numeroso y los socialistas, el segundo.

Conviene también una cautela: declarar una vivienda no significa poseerla al completo. Hay parlamentarios que figuran como copropietarios, otros que consignan porcentajes parciales y algunos que son titulares únicamente de la nuda propiedad, una fórmula que no da derecho al uso del inmueble.

Aun así, hay declaraciones especialmente voluminosas. Manuel Pérez Fenoll (PP) declara el 50% de siete viviendas en Alicante, una de ellas con un valor catastral de 393.110 euros, además de otros nueve bienes. Javier Gutiérrez Martín (PP) consigna nueve inmuebles, seis de ellos viviendas alicantinas. La socialista Laura Soler Azorín declara cinco viviendas en pleno dominio y Alejo Font de Mora (PP), una decena de inmuebles, cuatro de ellos viviendas al 100%.

En Compromís, Joan Baldoví declara cuatro viviendas en Valencia, todas compartidas, y Paula Espinosa tres en Valencia y Albacete en régimen de nuda propiedad. En el PSPV, María Luisa Navarro figura con tres viviendas al 50%. El caso de María de los Ángeles Criado (Vox) ilustra cómo cambian estas fotografías: en 2023 declaraba siete viviendas y en su última declaración no aparece ninguna, sino una donación en metálico.

El Consell, del president a los consellers

Entre los altos cargos de la Generalitat, la secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá, encabeza la lista con siete viviendas al 100% y una octava al 25%. El director general de Tecnologías de la Información, Javier Balfagón, declara cuatro viviendas y tres garajes.

El propio Pérez Llorca no declara viviendas a título personal, pero sí participaciones en una empresa familiar propietaria de ocho pisos, un matiz que cambia la foto según se mire solo la titularidad directa o también las sociedades participadas.

También figuran miembros del Consell: el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, con cuatro viviendas; el de Agricultura y portavoz, Miguel Barrachina, con tres y 21 inmuebles rústicos; el de Sanidad, Marciano Gómez, con el 50% de tres; el de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y la consellera de Educación, María del Carmen Ortí, con tres cada uno.

Por qué importa

El dato cobra relevancia porque son las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes aplican buena parte de la política de vivienda. Los gobiernos de Carlos Mazón y de Pérez Llorca han descartado aplicar los puntos clave de la Ley estatal de Vivienda, como la limitación de los precios del alquiler y la declaración de zonas tensionadas. En paralelo, el anterior Consell aprobó la bonificación del 99% en sucesiones y donaciones y elevó el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio de 500.000 euros a un millón.

El debate llega en un momento de presión social creciente: en la capital, la acampada por la vivienda frente al Ayuntamiento sigue reclamando medidas, y casos como el de una madre que deja València por una subida de alquiler muestran el reverso cotidiano de la crisis.