El colegio que contrató al despacho de Gosálbez presupuesta 25.000 euros en asesoría jurídica

El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) destina 25.000 euros al año a la partida de "asesoría jurídica" en sus presupuestos de 2025 y 2026, según los documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es. Es la entidad que en febrero de 2025 firmó un contrato de asistencia jurídica con el despacho de José Gosálbez, segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València.

Un contrato que sigue sin hacerse público

Gosálbez tiene dedicación exclusiva como concejal, con un sueldo de 85.277 euros brutos anuales. Para poder mantener su actividad como abogado, el pleno municipal le aprobó en diciembre de 2023 una compatibilidad al considerarla una actividad marginal. El edil no pudo votar ese punto y la autorización salió adelante gracias al voto de calidad de la alcaldesa, María José Catalá, conservando el 100% de su retribución pública.

El vínculo profesional con el colegio de ingenieros técnicos no fue comunicado por el concejal y lo destapó elDiario.es. El pasado mes de mayo, el Síndic de Greuges concluyó que Gosálbez debía remitir el contrato al Ayuntamiento para acreditar que se trata de una actividad marginal que no choca con su dedicación exclusiva. El concejal se ha negado tanto a entregar el documento como a revelar la remuneración que percibe.

Qué dicen los presupuestos del colegio

A falta de esa información, los únicos datos disponibles son las cuentas del propio COGITI. El apartado global de "asesorías y gastos judiciales" sumó 53.285 euros en 2024, 60.200 euros en 2025 y 59.100 euros en 2026. Dentro de ese capítulo, el epígrafe que más se parece a los servicios que el colegio anunció al contratar el gabinete del concejal es el de asesoría jurídica: 16.000 euros en 2024 y 25.000 euros en los dos ejercicios siguientes.

Ni el colegio profesional ni el grupo municipal de Vox han aclarado qué parte de esa cantidad corresponde al despacho del edil. Desde el COGITI explican que la partida "corresponde al presupuesto global destinado a los servicios jurídicos" y que, además de la asistencia que pueda prestar el bufete de Gosálbez en las materias para las que fue contratado, la entidad cuenta con otros servicios y asesoramientos. Por tanto, insisten, la cifra "no" equivale a "la remuneración de un profesional concreto".

El colegio añade que, "por razones de protección de datos y de confidencialidad inherentes a las relaciones profesionales", no identifica individualmente a los profesionales ni desglosa públicamente lo que cobra cada uno, al no existir obligación legal de llegar a ese nivel de detalle. El presupuesto, subrayan, es público "en los términos establecidos por la normativa aplicable".

Desde el grupo municipal de Vox la respuesta ha sido escueta: "Gosálbez cumple con la normativa municipal como ya ha quedado claro".

Sin control sobre la actividad privada

El gobierno municipal de PP y Vox no ha atendido la recomendación del Síndic de Greuges de establecer mecanismos para fiscalizar la actividad privada de los concejales con dedicación exclusiva y compatibilidad aprobada por el pleno. Compromís llevó recientemente una moción en ese sentido al pleno y fue rechazada por los dos socios de gobierno.

El asunto reabre el debate sobre la transparencia de los cargos públicos municipales, en un contexto en el que el patrimonio y las actividades de los representantes valencianos están bajo la lupa, como refleja el repaso a las viviendas declaradas por diputados y altos cargos. La información ha sido publicada por elDiario.es Comunitat Valenciana.