València no aplica desde hace cuatro años el recargo del IBI a los pisos vacíos

El Ayuntamiento de València no está cobrando el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los propietarios con varias viviendas vacías, una herramienta que tanto la ordenanza fiscal municipal como la ley estatal de Vivienda contemplan para empujar esos pisos al mercado. Así lo reconoce el propio consistorio en una respuesta remitida al Grupo Socialista, según ha publicado elDiario.es Comunitat Valenciana.

La explicación que da el gobierno municipal es técnica: considera que la norma estatal, "tal y como está redactada", resulta "extremadamente compleja" de aplicar y que, en la práctica, "no resulta aplicable a ningún inmueble" de la ciudad.

Un recargo que solo pagó una persona

La ordenanza fiscal de la capital fija un recargo del 30% sobre la cuota del IBI para las viviendas desocupadas cuyo titular tenga más de diez inmuebles dentro del término municipal. Para que el gravamen se active, esas viviendas deben figurar además en el Registro de Viviendas Deshabitadas de la Generalitat Valenciana, un trámite que depende de otra administración.

El mecanismo echó a andar en 2022, cuando gobernaban las izquierdas tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat y se impulsó una normativa específica junto a un censo de grandes tenedores y pisos vacíos. Ese primer año el recargo alcanzó a un único contribuyente, titular de 26 inmuebles, que abonó cerca de 5.000 euros de IBI y 1.483 euros de recargo. Desde entonces, nadie más lo ha pagado.

La cifra contrasta con el anuncio que hizo en febrero de 2023 el entonces concejal de Hacienda, Borja Sanjuan, que situaba la previsión de recaudación en cinco millones de euros y el alcance del gravamen en 41 inmuebles. De la respuesta facilitada ahora por el ejecutivo de PP y Vox se desprende que aquella previsión nunca llegó a materializarse.

Qué dice la ley estatal

La disposición final tercera de la ley estatal de Vivienda permite a los ayuntamientos recargar el IBI de las viviendas vacías durante más de dos años cuando el propietario tenga al menos cuatro inmuebles, salvo causas justificadas de desocupación temporal. El recargo, situado en el 50% de la cuota líquida, puede elevarse hasta el 150% en función del tiempo que lleve vacío el piso y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el municipio. El objetivo, según el preámbulo de la norma, es optimizar el uso del parque residencial y reforzar la fiscalidad como instrumento municipal frente a los pisos cerrados.

Aquí aparece otro desajuste: la normativa autonómica valenciana considera gran tenedor a quien posee más de diez viviendas, mientras que la estatal rebaja el umbral a cuatro. Esa diferencia de criterio estrecha mucho el número de propietarios susceptibles de pagar.

Miles de propietarios al margen

Los datos del catastro dibujan el tamaño del asunto. En la capital hay 3.231 propietarios con más de cinco viviendas y más de una cuarta parte son empresas; una sola persona figura como titular de más de 300 inmuebles. Ninguno de ellos abona hoy el recargo. Son las mismas cifras que ya salieron a la luz al conocerse que València tiene 3.231 propietarios con más de cinco viviendas.

El consistorio defiende que hay vías más eficaces para ampliar la oferta: construir vivienda, poner en marcha una agencia pública de alquiler y disuadir la ocupación irregular. En paralelo, tampoco se aplican en la ciudad otros preceptos de la ley estatal como la regulación de los precios del alquiler.

El efecto del recargo, en todo caso, nunca fue recaudatorio. La idea de fondo es presionar para que los pisos cerrados vuelvan al mercado en una ciudad donde el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema para buena parte de los vecinos.