Tres años de espera para cobrar la ayuda por un inquilino que no pagaba

El debate sobre la vivienda suele girar en torno a quienes no pueden pagar un alquiler, pero hay un perfil que aparece menos: el del pequeño propietario que deja de cobrar la renta y no puede desalojar al inquilino porque el juzgado aprecia vulnerabilidad. Las Provincias ha recogido el caso de una familia de València que acabó vendiendo el piso tras años de litigio y de espera administrativa.

Qué ocurrió

Los inquilinos del inmueble dejaron de pagar a finales de 2022. La propietaria, hija de Constantino —el hombre que cuenta el caso—, se había mudado a Santiago, donde vivía de alquiler y costeaba esa vivienda en parte con los ingresos del piso valenciano. Además, se había quedado sin empleo. Es decir, la dueña también atravesaba una situación económica delicada.

El juzgado paralizó el lanzamiento al considerar acreditada la vulnerabilidad de la familia arrendataria. A partir de ahí, la propietaria activó la vía prevista por la normativa estatal desde 2021: una compensación para los arrendadores que ven suspendido el desahucio por razones sociales, que tramitan las comunidades autónomas. Reclamó algo más de 9.000 euros en rentas impagadas y gastos que tuvo que asumir ella.

Tres años para una respuesta parcial

La contestación de la Generalitat Valenciana llegó tres años después y fue a la baja: le reconocían alrededor de 3.000 euros, un tercio de lo solicitado. La resolución está recurrida y, según relata la familia, todavía no han ingresado ni un euro. Consultado por el diario, el departamento competente en vivienda —integrado ahora en la Vicepresidencia Primera, junto con Empleo y Juventud— admitió la demora y la atribuyó al atasco de expedientes generado por la reconstrucción posterior a la dana.

La decisión final de los propietarios fue desprenderse del piso. «Lo hemos vendido. Me siento vulnerable yo», resume Constantino, que explica que no querían exponerse de nuevo a un procedimiento similar.

El argumento de fondo

El afectado no niega que exista un problema de acceso a la vivienda ni que los precios se hayan disparado. Lo que cuestiona es el modo de abordarlo: sostiene que una vivienda particular no puede convertirse en un instrumento de asistencia social para resolver la situación de un tercero. Y advierte de un efecto que, a su juicio, irá a más si prosperan las reformas anunciadas: que parte de la oferta se retire del mercado por miedo a repetir la experiencia.

Su diagnóstico es duro con las administraciones. Considera que los anuncios sobre vivienda responden a un cálculo electoral y describe las medidas como una «cortina de humo». Más allá del importe reconocido, lo que más le irrita es el plazo: tres años para responder a una solicitud de un ciudadano que ya había dejado de ingresar la renta.

Por qué importa

El caso ilustra una grieta concreta del sistema. La ley contempla una compensación para que el propietario no cargue solo con el coste de una suspensión de desahucio decidida por motivos sociales, pero el mecanismo depende de que la administración autonómica resuelva en un plazo razonable y con un cálculo que el solicitante entienda. Si ninguna de las dos cosas se cumple, el resultado práctico es el que describe esta familia: vender o dejar de alquilar.

El asunto llega además en plena ebullición política. La vivienda ha centrado buena parte del debate reciente en la Comunitat, como se vio en el pleno de Les Corts dedicado a la vivienda, mientras en la capital siguen pendientes otras herramientas, como el recargo del IBI a los pisos vacíos, que no se aplica desde hace cuatro años.