Una víctima de violencia machista con un hijo con 95% de discapacidad, ante un desahucio en València

Una madre de dos hijos pequeños, uno de ellos de siete años y con una discapacidad del 95%, se enfrenta a un desahucio en València sin que exista todavía una alternativa habitacional para la familia. El juicio por precario se celebró este lunes en la Ciudad de la Justicia, según informa elDiario.es Comunitat Valenciana con datos de Europa Press.

De la hipoteca impagada al fondo de inversión

La afectada, Kenia Moracén, no figura como titular de la vivienda. La propiedad era de su expareja, a quien una sentencia obligaba a hacerse cargo del pago de la hipoteca. Dejó de abonarla y, tras la ejecución hipotecaria, la casa acabó en manos de un fondo de inversión considerado gran tenedor. Su defensa asegura que desconocen en qué momento se interrumpieron los pagos y que ella se enteró de la situación hace relativamente poco.

La mujer es víctima de violencia de género, no tiene ingresos y explica que no puede incorporarse al mercado laboral por la atención continua que requiere su hijo menor. "Era mi vivienda familiar", recordó a las puertas del juzgado, donde también lanzó un aviso: "Nadie está exento de que el día de mañana le pase lo que me está ocurriendo a mí o a otras familias".

Qué se pide en el juicio

Su abogado, Jorge Ballester, reconoce que el procedimiento es complicado, pero la estrategia pasa por lograr una suspensión y un aplazamiento del lanzamiento hasta que la familia disponga de una vivienda alternativa. El letrado calcula que la sentencia puede tardar entre tres y cuatro meses, entre otras razones porque se ha remitido un oficio al Ayuntamiento de València para que emita un informe de vulnerabilidad sobre la afectada.

"Nos hemos defendido con uñas y dientes; la suerte está echada y está en manos de la Justicia", resumió el abogado, que apeló a que la sociedad "no puede mirar a otro lado" ante una situación de vulnerabilidad extrema y reclamó una salida habitacional en caso de que la resolución sea desfavorable.

Un año de incertidumbre y visitas a la puerta

La mujer relata que lleva aproximadamente un año viviendo con la duda de si tendrá que marcharse, preparando cajas y buscando opciones. Denuncia además sentirse acosada: asegura que se presentan en el inmueble personas que dicen venir de portales inmobiliarios, interesadas en comprar la casa a un precio muy bajo bajo la premisa de que no se puede visitar "porque hay okupas". Según su versión, golpean la puerta exigiéndole que salga, lo que la obliga a encerrarse en una habitación con sus hijos.

Su principal problema a la hora de buscar vivienda es doble: la falta de nómina que acreditar y la necesidad de un piso accesible para su hijo. "No puedo irme a un quinto sin ascensor", insistió. Lo que reclama es tiempo suficiente para encontrar un alojamiento adecuado y no tener que abandonar la casa "de un día para otro".

Un caso en plena tensión por la vivienda

La situación se produce en un contexto de fuerte presión social por el acceso a la vivienda en la capital, con movilizaciones sostenidas durante las últimas semanas, como la acampada indefinida en la plaza del Ayuntamiento, y un debate político abierto en las instituciones, donde el PSPV ha llegado a pedir un pleno monográfico en las Corts sobre vivienda. Casos como este, en los que la propiedad del inmueble ha pasado a un gran tenedor tras una ejecución hipotecaria, se han vuelto habituales en los juzgados valencianos.

Por ahora, la familia queda a la espera de la resolución judicial y del informe municipal de vulnerabilidad. "Vamos a continuar peleando de alguna manera", afirmó la afectada.