Les Corts avalan 10 años de arraigo para la vivienda pública pese al tope de la UE

Las Corts Valencianes aprobaron este miércoles, con los votos de PP y Vox, incorporar el principio de “prioridad nacional” al acceso a la vivienda pública. El acuerdo llega mientras la Comisión Europea sostiene por escrito que los Estados no pueden exigir más de cinco años de residencia a los extranjeros legalmente asentados, la mitad de lo que ya recoge la normativa valenciana en vigor.

Qué se ha aprobado

El texto salió adelante después de que los populares aceptaran una enmienda del partido de ultraderecha a su propia propuesta parlamentaria. La fórmula aprobada obliga a procurar que los recursos públicos se asignen con prioridad a quienes acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” en la Comunitat Valenciana, ligando el acceso a la vivienda protegida a la permanencia histórica en el territorio.

El origen de la polémica está, sin embargo, en una norma anterior: la Ley 5/2026 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat. Su artículo 45 habilita el desarrollo reglamentario de la “prioridad nacional” en vivienda protegida en régimen de compra y exige, para inscribirse como demandante, un mínimo de diez años de empadronamiento histórico en algún municipio valenciano y de España, de forma continuada o interrumpida.

El límite que fija Bruselas

Esa exigencia duplica el tope del Derecho comunitario. Así lo expone el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en su respuesta a una consulta del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà. La Comisión recuerda que el artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE garantiza a los residentes de larga duración la igualdad de trato con los nacionales en prestaciones sociales y procedimientos de vivienda.

Brunner añade que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE impide endurecer esos criterios de forma unilateral: “Los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años establecido”. La Comisión advierte además de que cualquier requisito que perjudique de forma desproporcionada a residentes de otros Estados o a nacionales de terceros países constituye una “discriminación indirecta” prohibida.

El debate en la cámara

La sesión, monográfica sobre crisis de vivienda e inmigración, dejó a la cámara partida. El síndic del PP, Fernando Pastor, defendió las medidas frente a quienes, dijo, “nunca han dado un palo al agua en materia de vivienda”, en alusión a PSPV y Compromís. El portavoz de Vox, José María Llanos, justificó la restricción por la limitación de recursos ante el aumento de población inmigrante.

Desde la oposición, el síndic socialista José Muñoz criticó un modelo que, a su juicio, contrapone la protección de los vulnerables al respaldo a “los fondos buitre y la pura especulación”. Joan Baldoví, de Compromís, acusó a Vox de esquivar soluciones reales para “inocular odio”. La formación valencianista ya ha presentado un requerimiento ante el Defensor del Pueblo por la “presunta inconstitucionalidad” del concepto y anuncia que sumará la respuesta de la Comisión al expediente.

Qué puede pasar ahora

Marzà ha registrado una nueva pregunta en el Parlamento Europeo, esta vez centrada específicamente en el artículo 45 de la ley valenciana, para que Bruselas aclare si incumple el marco comunitario y qué medidas prevé adoptar ante una disposición ya vigente. “La Comisión ha confirmado que es ilegal”, sostiene el eurodiputado, que subraya que Brunner pertenece al Partido Popular Europeo.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha restado importancia a la advertencia jurídica: asegura que no hay “ningún problema” con la medida y que criterios similares se aplican en ordenanzas de ayuntamientos de distinto color político. Calificó de “estéril” la controversia y se reafirmó en el pacto con Vox, que según él aporta estabilidad, rebaja impuestos e impulsa vivienda protegida.

El asunto se suma a un debate que lleva semanas marcando la agenda valenciana, desde el pleno de Les Corts centrado en vivienda hasta los retrasos en las ayudas al alquiler. Información publicada por elDiario.es Comunitat Valenciana.