Compromís y PSPV cuestionan las cifras de vivienda pública del PAI de Benimaclet

El desarrollo urbanístico de Benimaclet vuelve al centro del debate municipal. El gobierno de María José Catalá ha convocado un pleno extraordinario para el viernes con el objetivo de aprobar definitivamente el PAI del barrio, y los dos grupos de la oposición, Compromís per València y el PSPV, han salido a cuestionar tanto el momento elegido como las cifras de vivienda pública que maneja el equipo de gobierno. La información la adelanta Las Provincias.

Un pleno extraordinario en medio de la campaña

La portavoz de Compromís, Papi Robles, sostiene que la convocatoria responde a una maniobra para tapar otro debate: el pleno sobre vivienda que su grupo había forzado, respaldado por más de 6.000 firmas que reclaman topar el precio de los alquileres. Robles recuerda que el proyecto ha estado parado durante buena parte del mandato y que ahora reaparece con las elecciones generales del 29 de noviembre ya convocadas.

La formación anuncia además que acudirá a la Junta Electoral Provincial por la difusión que el Ayuntamiento está haciendo del asunto en redes sociales. Se apoya en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que prohíbe desde la convocatoria hasta la votación los actos organizados o financiados por los poderes públicos con alusiones a logros de gestión.

«La ley no permite presumir de gestión con dinero público en período electoral, y lo denunciaremos donde corresponda», advierte la portavoz valencianista.

La discusión sobre las 1.345 viviendas

El plan mantiene las 1.345 viviendas que planteaba la agrupación de propietarios encabezada por Metrovacesa, que con la aprobación del viernes pasaría a ser urbanizadora. Compromís defendía una alternativa de 720 viviendas con gestión directa municipal.

El gobierno municipal habla de «más de 700 públicas». Robles lo discute: de las 1.345, 403 son protegidas, es decir el 30%, el mínimo que marca la ley, y el informe municipal que contesta a las alegaciones descarta elevar ese porcentaje hasta el 60%. Los en torno a 300 alojamientos dotacionales son, según su lectura, un potencial estimado sin uso fijado, porque el planeamiento solo predetermina el uso educativo de las parcelas dotacionales. Tampoco hay, añade, compromiso alguno sobre el destino de la cesión del 10%.

La concejala socialista Elisa Valía va en la misma dirección y acusa a la alcaldesa de «mentir» al presentar como públicas 700 de las viviendas previstas. Para Valía, la vivienda estrictamente pública se limita al 10%, unas 135 viviendas, mientras que la protegida será mayoritariamente privada y quedará sujeta al módulo de precios de las promociones privadas. Según su cálculo, un piso de 100 metros construidos rondaría los 300.000 euros con el módulo actual. Sobre los alojamientos dotacionales, afirma que la parcela prevista apenas da capacidad para una cuarta parte de lo anunciado.

El depósito de tormentas y el ruido

Robles pone el foco en dos condicionantes más. El primero, económico: el Ayuntamiento asumiría el 70% del depósito de tormentas, cerca de 11 millones de euros consignados en los presupuestos de 2028 y 2029, con unas obras que no arrancarían antes de la reparcelación. El segundo, administrativo: el desarrollo queda condicionado a la declaración de la Zona de Protección Acústica Especial, pendiente aún de respuesta del Ministerio.

El PAI de Benimaclet arrastra años de pleitos y movilización vecinal. La oposición recuerda que el gobierno de PP y Vox dejó ganar firmeza, sin recurrirla, a la sentencia que obligaba a tramitar el proyecto. El debate sobre cuánta vivienda asequible sale realmente de estas operaciones conecta con otros frentes abiertos en la ciudad, desde el esfuerzo que exige el alquiler por distritos hasta los realojos pendientes en las Casitas Rosa. El viernes, el pleno tendrá la última palabra.