Los vecinos de las Casitas Rosa temen cobrar menos de 50.000 euros por sus pisos

La asociación de propietarios de las Casitas Rosa, en el barrio de la Malva-rosa, ha puesto el grito en el cielo por las cifras que aparecen en la documentación del plan urbanístico que prepara el Ayuntamiento de València. Según denuncian, la memoria económica del Plan de Reforma Interior (PRI) apunta a indemnizaciones muy por debajo del precio de mercado para unas viviendas que, insisten, están habitadas legalmente y en buen estado. La información ha sido adelantada por Las Provincias.

206 pisos a derribo y 545 nuevos

El plan contempla la demolición de dos de los cuatro bloques del conjunto, lo que supone unas 206 viviendas, y la construcción posterior de 545 en el ámbito. Los vecinos sostienen que el documento no justifica por qué se eligen esos dos edificios y no otros: no se acredita, dicen, que tengan problemas estructurales ni que estén en peor estado que los bloques que quedarían en pie.

El punto que más inquietud genera es el apartado de indemnizaciones y realojos. Los propietarios señalan una partida de 5.673.036 euros destinada a ese fin que, repartida entre algo más de dos centenares de pisos, arrojaría una media cercana a los 28.000 euros por vivienda. "Con esos 50.000 euros no tenemos ni para una plaza de garaje", resumen desde la asociación, que calcula que las casas donde pretenden reubicarles costarían al menos el triple.

Critican además la falta de información directa: aseguran que han tenido que buscar los datos por su cuenta en los documentos del plan, y reclaman que se reconozca a la entidad el derecho a ser convocada en todas las fases de la tramitación. Hasta ahora, explican, acudieron a una reunión con el concejal de Urbanismo gracias a una invitación de la asociación de vecinos de la Malva-rosa.

La respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, negó que el consistorio haya puesto cifras sobre la mesa. "En este momento no se ha ofrecido ni se va a ofrecer cantidad económica alguna por ninguna de las viviendas, porque no es el momento de abordar los posibles realojos", afirmó, sin desmentir los números difundidos por los afectados.

Giner situó el expediente en una fase inicial: ahora toca analizar qué usos tendrá el ámbito, con un trámite que incluirá participación pública, propietarios, vecinos e informes sectoriales. Solo cuando el PRI esté aprobado, explicó, se activará el instrumento de gestión urbanística que determine los realojos.

"Un barrio sin drogas, no sin casas"

El trasfondo del conflicto es el narcotráfico enquistado en la zona desde hace décadas. Los propietarios se consideran las principales víctimas y rechazan que el derribo sea la solución: advierten de que el problema se desplazaría a otros puntos de la ciudad, y citan el regreso de la heroína a barrios como El Cabanyal. Reclaman cámaras de vigilancia y de tráfico, redadas y presencia policial permanente, y recuerdan el precedente de la zona de Las Cañas, entre Mislata y Campanar.

También cuestionan que el plan proyecte un colegio sobre el suelo de las viviendas sin demostrar, a su juicio, que haga falta más oferta de plazas en el entorno ni estudiar otros solares disponibles. Y preguntan cómo se aplicará la nueva ordenanza de limpieza, con multas de hasta 1.500 euros por tirar colillas y de hasta 3.000 en los casos graves, en un entorno donde dicen tener miedo de sacar a pasear al perro por las jeringuillas.

La asociación ha pedido reunirse con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, con la alcaldesa, María José Catalá, y con las concejalías de Urbanismo y Seguridad, recordando que las competencias están repartidas entre la Administración central, por el tráfico de drogas, y el Ayuntamiento, por policía local, salubridad y limpieza. El debate llega en plena tensión del mercado residencial: el alquiler medio en la ciudad de València supera ya los 1.700 euros.