El PAI de Font Baixa de Alfafar reabre el debate sobre urbanizar zonas inundables

A las puertas del segundo aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, la reconstrucción de los municipios del sur del área metropolitana ha reabierto una pregunta incómoda: ¿se puede seguir construyendo en terrenos que se inundan? El plan de actuación integrada (PAI) de Font Baixa, en Alfafar, se ha convertido en el símbolo de ese pulso. Lo cuenta Valencia Plaza.

1.200 viviendas en 36 torres sobre huerta

El sector prevé levantar un barrio nuevo con 1.200 viviendas repartidas en 36 torres de entre ocho y diez alturas, lo que supondría la llegada de unas 3.600 personas a un suelo hoy agrícola. Para los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y las entidades ecologistas que han unido fuerzas esta semana, el desarrollo implica perder suelo permeable justo en un municipio golpeado por la riada.

Esos colectivos reclaman una moratoria que frene más de una veintena de grandes proyectos urbanísticos en las zonas afectadas, bajo la etiqueta de lo que llaman la "reconstrucción del hormigón".

Informes favorables, pero con condiciones

La tramitación, mientras tanto, sigue su curso. En agosto, la Comisión de Evaluación Ambiental Municipal emitió un informe favorable que permite continuar el procedimiento, aunque no equivale a la aprobación definitiva del desarrollo. También se pronunciaron a favor, con condiciones, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Generalitat Valenciana.

El informe autonómico sobre compatibilidad con el Patricova, el plan territorial de prevención del riesgo de inundación, se emitió el 1 de julio a partir de un documento que ya incorpora la cartografía y los efectos de la dana. Reconoce que el sector está afectado por peligrosidad de inundación, pero lo considera desarrollable si se cumplen determinados requisitos. El análisis hidráulico sitúa los niveles de agua entre las cotas de 7,5 y 8 metros sobre el nivel del mar: los usos vulnerables deberán quedar por encima de esas cotas o protegerse con cerramientos estancos. La CHJ exige además sistemas urbanos de drenaje sostenible.

La defensa del Ayuntamiento

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, defiende la continuidad del PAI. Recuerda que los terrenos tienen la condición de suelo urbano desde 1992 y que se trata de una iniciativa privada en la que el consistorio lleva trabajando cerca de quince años, con "garantías legales". Según sus datos, el desarrollo permitirá construir más de 300 viviendas públicas y más del 20% del total tendrá algún régimen de protección.

Adsuara sostiene que el diseño está pensado para episodios de lluvias intensas: aparcamientos en altura, balsas de recogida de agua y un gran espacio verde que aspira a ser uno de los mayores jardines del área metropolitana. Habla también de urbanismo bioclimático, eficiencia energética, aprovechamiento del agua de lluvia y movilidad peatonal y ciclista, además de la conservación de elementos patrimoniales como la Alquería de Canón, la Casa del Nitro, el Motor de San Sebastián y el Sequer.

La huerta como infraestructura verde

Rosa Mas, del CLER, sostiene que Font Baixa quedó fuera de la protección de la Ley de l'Horta "de una manera totalmente arbitraria" y recuerda que parte del ámbito está dentro de la zona de peligrosidad delimitada por el Patricova. A su juicio, la huerta forma parte de la infraestructura verde por su papel en el ciclo del agua y como conexión entre ecosistemas, y separar el suelo agrícola de esa función impide medir el impacto real de urbanizarlo.

El comité anuncia que pedirá acceso a los contratos vinculados al PAI y a los informes técnicos que avalan su compatibilidad ambiental, prevé recurrir la siguiente autorización administrativa y estudia una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. La portavoz de la Associació de Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, carga contra administraciones a las que, dice, "les interesa la economía por encima de la vida de sus conciudadanos".

La movilización tendrá un capítulo sobre el terreno: una jornada de limpieza y una asamblea abierta en Font Baixa el domingo 18 de octubre a las 10 horas. El debate llega mientras varias obras clave en los barrancos siguen pendientes.