La Generalitat tumba una planta solar en Andilla por su impacto paisajístico

La administración autonómica ha cerrado la puerta a una central solar fotovoltaica proyectada en Andilla, en la comarca de Los Serranos. El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de València ha denegado la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación, conocida como «FV Andilla», después de que dos informes territoriales concluyeran que el proyecto chocaba de frente con la normativa de infraestructura verde y de paisaje.

Qué se quería construir

La promotora, Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A., planteaba una planta de 0,9 MW de potencia instalada —1,118 MWp en módulos y 0,99 MW de capacidad de acceso— junto con la línea de evacuación correspondiente. La instalación debía ocupar las parcelas 178, 195 y 196 del polígono 30 del término municipal, un entorno rural del interior de la provincia donde el valor paisajístico pesa en cualquier tramitación.

No se trata, por tanto, de una de esas macroplantas de decenas de hectáreas que han generado conflictos en otras comarcas, sino de una instalación de tamaño reducido. Aun así, la ubicación concreta ha resultado determinante para el desenlace del expediente.

Un informe vinculante e insubsanable

La denegación se apoya en el pronunciamiento desfavorable de los Servicios de Planificación Territorial y de Paisaje de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación. El informe territorial detectó incumplimientos en dos materias clave: la infraestructura verde —la red de espacios y conexiones ecológicas que el planeamiento autonómico protege— y la normativa de paisaje.

La clave está en el carácter de esas deficiencias. Los servicios técnicos las calificaron de insubsanables, es decir, no corregibles con modificaciones del proyecto. Y, al ser el informe vinculante para el Servicio Territorial de Industria, este no tenía margen para otorgar los permisos solicitados. La resolución se ha hecho pública a través del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, según informa ComarcalCV.

Cuatro años de tramitación

El expediente (EP-2023/416 HA) arrancó con la solicitud de la mercantil en enero de 2022 y fue admitido a trámite en febrero de 2023. Ese mismo verano pasó por el preceptivo periodo de información pública, el trámite en el que vecinos, entidades y administraciones pueden presentar alegaciones.

A partir de ahí, el recorrido fue cuesta abajo para la promotora: un primer informe ambiental desfavorable, un trámite de audiencia para que la empresa pudiera defender su propuesta y, finalmente, la desestimación de todas sus alegaciones en el informe definitivo. Entre la solicitud inicial y la negativa han pasado cerca de cuatro años.

La empresa aún puede recurrir

La resolución no agota la vía administrativa. Tanto la promotora como cualquier otra parte interesada disponen de un plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación para presentar un recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas. Si el recurso prospera, el expediente podría reabrirse; si no, el proyecto quedará definitivamente archivado.

El caso se suma a otras decisiones recientes de la Generalitat sobre implantaciones en el medio rural valenciano, como el archivo del macrovertedero proyectado en Zarra. En paralelo, otras instalaciones siguen su curso: es el caso de la planta solar prevista en Picassent, que ha pasado por información pública con más de 10.000 paneles. La comparación ilustra que el filtro no es la tecnología, sino dónde se pone cada placa.