Pensión de alimentos: qué pasa si el progenitor no la paga y cómo actuar
El impago de la pensión de alimentos permite reclamar judicialmente la deuda y solicitar embargos; en determinados casos, también puede constituir un delito. Si el progenitor no puede pagar, debe solicitar una modificación de medidas, sin reducir ni suspender unilateralmente la pensión.
La pensión de alimentos permite atender las necesidades de los hijos mediante la contribución económica de sus progenitores. Cuando quien está obligado a abonarla incumple, pueden reclamarse judicialmente las cantidades pendientes. En determinados supuestos, el impago también puede tener consecuencias penales. Conocer las vías disponibles ayuda a actuar y proteger los derechos de los hijos.
¿Qué es la pensión de alimentos?
La pensión de alimentos es una prestación destinada a cubrir necesidades como el sustento, la vivienda, la ropa, la asistencia sanitaria y la educación de los hijos. Su cuantía se determina teniendo en cuenta sus necesidades y los recursos económicos de los progenitores. Esta obligación existe con independencia de que los padres hayan estado casados.
Aunque habitualmente se habla de ella en relación con hijos menores, también puede mantenerse respecto de hijos mayores de edad cuando concurran los requisitos legales. Por tanto, no se extingue automáticamente al cumplir los 18 años. Tampoco tiene una duración fija aplicable a todos los casos.
La cuantía puede modificarse cuando cambian de forma relevante las necesidades del hijo o las circunstancias económicas consideradas al establecerla. Si la pensión está fijada judicialmente, su reducción, suspensión o extinción debe plantearse mediante el procedimiento correspondiente, sin dejar de pagar unilateralmente.
¿Qué sucede si el progenitor no paga la pensión de alimentos?
Si la pensión está establecida en una resolución judicial o en otro título ejecutivo válido, su impago permite solicitar la ejecución para reclamar las cantidades adeudadas. El juzgado puede acordar medidas para localizar bienes y embargar salarios, cuentas bancarias u otros bienes, conforme a las reglas aplicables.
La reclamación civil de la pensión de alimentos no exige esperar a que se acumulen dos mensualidades consecutivas o cuatro no consecutivas. Esos plazos corresponden a uno de los requisitos del delito de impago de pensiones y no deben confundirse con las condiciones para reclamar una deuda por vía civil.
Si todavía no existe una resolución o un título que establezca la pensión, será necesario solicitar primero su fijación mediante el procedimiento adecuado. Un abogado de familia puede valorar la documentación y determinar qué vía corresponde en cada situación.
¿Cómo actuar ante el impago de la pensión de alimentos?
El primer paso consiste en reunir la documentación que permita identificar la obligación y calcular la deuda. Conviene conservar la resolución judicial, el convenio regulador aprobado y los extractos bancarios de la cuenta donde debían recibirse los pagos.
También es útil preparar una relación de las mensualidades pendientes, indicando fechas, cantidades debidas y pagos parciales. Si la pensión está sujeta a actualizaciones, habrá que comprobar cuáles corresponden según lo establecido. Las comunicaciones sobre los impagos pueden aportar información adicional.
Con estos documentos, un abogado especializado podrá asesorarte sobre la reclamación. Puede valorarse un requerimiento de pago, pero no debe confundirse con una condición necesaria en todos los casos para presentar la demanda de ejecución. La estrategia dependerá de las circunstancias y del título que establezca la obligación.
Cuando proceda la ejecución, podrán reclamarse las cantidades vencidas y solicitarse las medidas necesarias para su cobro, además de los intereses y las costas que correspondan. Si no se conocen bienes o ingresos del deudor, puede pedirse al juzgado que realice las averiguaciones patrimoniales oportunas.
Consecuencias del impago de la pensión de alimentos
En la vía civil, el progenitor obligado puede tener que afrontar el pago de la deuda, los intereses y las costas que procedan. El embargo no supone una sanción penal: es una medida destinada a hacer efectivo el cumplimiento de la obligación.
El impago también puede constituir un delito cuando se dejan de abonar dos mensualidades consecutivas o cuatro no consecutivas de una prestación establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, siempre que concurran los demás requisitos legales. Entre ellos, debe valorarse si existía capacidad de pago y si el incumplimiento fue voluntario.
El artículo 227 del Código Penal prevé una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. La responsabilidad penal no surge automáticamente por acumular una deuda: una imposibilidad real de pago debe distinguirse de la decisión de no cumplir pudiendo hacerlo.
La falta de pago tampoco implica por sí sola la privación de la patria potestad. Esta medida requiere una valoración judicial específica de las causas legales y del interés del hijo, por lo que no debe presentarse como una consecuencia habitual o automática del impago.
¿Qué hacer si el progenitor no tiene recursos para pagar?
La pérdida del empleo o una reducción de ingresos puede dificultar el cumplimiento, pero no autoriza a modificar unilateralmente la cantidad establecida. El progenitor obligado debe solicitar una modificación de medidas y acreditar el cambio relevante de sus circunstancias económicas.
Para ello, pueden resultar necesarios documentos sobre ingresos, prestaciones, patrimonio, gastos y búsqueda de empleo. El juzgado valorará si procede reducir la cuantía u adoptar otra medida. La presentación de la demanda no suspende por sí sola la obligación de pago ni elimina las cantidades pendientes.
Cuando hay hijos menores, la suspensión de la pensión por insolvencia absoluta tiene carácter excepcional, restrictivo y temporal. Las dificultades económicas no equivalen necesariamente a una imposibilidad total de contribuir. Por eso, conviene actuar con rapidez y obtener asesoramiento antes de dejar de abonar la pensión.
La comunicación entre los progenitores puede facilitar soluciones prácticas, pero un acuerdo informal no debe considerarse suficiente para dejar sin efecto lo establecido judicialmente. Cualquier modificación debe formalizarse por la vía que corresponda.
Preguntas frecuentes sobre el impago de la pensión de alimentos
¿Puedo solicitar el embargo del salario si no se paga la pensión?
Sí. En un procedimiento de ejecución puede solicitarse el embargo de salarios, cuentas y otros bienes. En las ejecuciones por alimentos legalmente debidos existen reglas especiales respecto de los límites ordinarios de embargo del salario, y el tribunal determina la cantidad embargable según corresponda.
¿Qué pasa si el progenitor vive en otro país?
La residencia en el extranjero no extingue la obligación de pagar. Puede reclamarse el cumplimiento mediante los mecanismos de reconocimiento y ejecución aplicables. El procedimiento dependerá del país donde resida el progenitor y de la normativa europea o los convenios internacionales que resulten aplicables.
¿La pensión de alimentos se puede modificar en el futuro?
Sí, cuando cambian de forma relevante las circunstancias económicas o las necesidades que se tuvieron en cuenta al establecerla. Si está fijada judicialmente, debe solicitarse su modificación por el procedimiento correspondiente. Ninguno de los progenitores puede imponer por su cuenta una nueva cantidad.
¿Hay que esperar dos meses para reclamar una mensualidad impagada?
No. Los dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos son plazos relacionados con el delito de impago de pensiones. No constituyen un periodo de espera obligatorio para reclamar por vía civil una mensualidad vencida y exigible.
Actuar ante el impago protege los derechos de los hijos
El impago de la pensión de alimentos debe abordarse distinguiendo la reclamación civil de la posible responsabilidad penal. Reunir la documentación, calcular correctamente la deuda y solicitar asesoramiento permite elegir la vía adecuada. Si el problema es una falta real de recursos, corresponde pedir una modificación de medidas, sin reducir o suspender unilateralmente el pago.
Fuentes
- Ministerio de Justicia de España
- Código Civil Español
- Asociación Española de Abogados de Familia
- Código Penal, artículo 227
- Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 608, 775 y 776
Más información en matrimonialistas.es/blog/pension-de-alimentos.
Elaborado a partir de información publicada por Abogados Matrimonialistas (comunicado remitido)